Las necesidades de inversión en el sector energético europeo para el período 2012-2035 ascenderán a 2,6 billones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía. Para poder acometer esas inversiones, los gobiernos deben asegurar la existencia de unos marcos regulatorios predecibles y estables, capaces de atraer a los capitales privados. Sin embargo, en algunos países europeos la incertidumbre regulatoria y la ausencia de una política energética clara, además del incremento de las ya excesivas tasas y cargas fiscales en vigor, está afectando negativamente al sector y comprometiendo la consecución de los objetivos de política energética.
En países como el Reino Unido, el regulador está advirtiendo de que el margen de reserva se encuentra en mínimos y pueden producirse situaciones de corte de suministro en los próximos años. Otros, como Alemania, han fomentado y primado ciertas tecnologías solares y están importando masivamente carbón, con lo que se provoca un aumento de los precios y de las emisiones.
En España se subvencionan las renovables y el carbón y se introducen gravámenes sobre tecnologías no emisoras como la hidroeléctrica o la nuclear, mientras se mantienen paradas las centrales de gas, cuyas emisiones representan un tercio con respecto a las de carbón y cuestan cinco o seis veces menos que algunas tecnologías solares.
Paralelamente se viene registrando un crecimiento de los precios de la electricidad para los consumidores y las empresas –con la consiguiente pérdida de competitividad y la deslocalización de grandes industrias que se trasladan a países como Estados Unidos, con costes energéticos inferiores a los europeos en más de un 50%– y un aumento de las emisiones de CO2 a pesar de las enormes inversiones acometidas en tecnologías renovables.
Europa se ha propuesto aumentar hasta el 20% el peso del sector industrial en el PIB europeo en 2020; cifra aún lejana desde el 15,3% actual. El encarecimiento de los precios energéticos europeos no tiene su origen ni en el coste de la generación ni en el coste de las redes. El alto coste energético obedece, principalmente, al hecho de que en muchos estados europeos la factura eléctrica no refleja las condiciones del mercado de la energía y se ha convertido en un vehículo para financiar políticas sociales, fiscales, ambientales o territoriales que la encarecen innecesariamente. Estas partidas representan más del 50% del precio de la energía para el consumidor en muchos países de la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos no llegan al 10%.
En el caso de España, un informe publicado recientemente por David Robinson, Investigador Principal del Oxford Institute for Energy Studies, atribuye el mayor impacto en la subida de tarifas a la politización del recibo a través de la denominada “cuña gubernamental” que incluye los impuestos, tasas y otros costes de políticas públicas en el precio de la electricidad.
Europa debe adoptar una política energética coherente para evitar la deslocalización y el cierre de industrias que no pueden competir en los mercados internacionales por los elevados costes energéticos. Los precios de la electricidad son un factor decisivo para la competitividad de nuestras empresas, en su inmensa mayoría pequeñas y medianas, y para el conjunto de la economía. Es un problema común a los países europeos y, por tanto, las soluciones también tienen que adoptarse a escala europea.
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Sobre esta base, debe aplicarse racionalidad al sistema, definiendo una política energética común a partir de tres ejes básicos: eliminar de las tarifas los costes no relacionados con la producción y distribución de energía; alcanzar un equilibrio entre seguridad de suministro, sostenibilidad medioambiental y competitividad y, finalmente, consolidar el funcionamiento del mercado en Europa con un regulador único que promueva un marco estable, predecible y armónico, y vele por el cumplimiento de las normas en todos los Estados miembros.
Además de estos retos comunes, en España tenemos que resolver la singularidad derivada del problema financiero ocasionado por errores en la planificación y desarrollo de tecnologías inmaduras cometidos en el pasado, que, en tanto se trata de un problema financiero, debería tener soluciones financieras, tal y como se ha hecho en los sectores inmobiliario y de autopistas.
Europa está dando los primeros pasos en la buena dirección e Iberdrola, empresa española que está entre las cuatro primeras eléctricas europeas por capitalización y es el mayor inversor del mundo en energías renovables, está dispuesta a contribuir a la consecución de esos objetivos comunes.
