El sector de la energía en España vive hoy en un maremágnum de incertidumbres. Las dudas sobre qué hará el Gobierno y qué medidas adoptará para modificar el modelo impregnan todas las áreas de actividad de una empresa eléctrica como Iberdrola.
¿Queremos cambiar el modelo? Si es así, el debate debería centrarse en saber qué herencia vamos a dejar a las generaciones futuras. Quiero recordar que las grandes empresas eléctricas tienen un compromiso constatable con sus accionistas, empleados, proveedores y con la sociedad en su conjunto. En concreto, Iberdrola cuenta con más de 450.000 ahorradores españoles en su accionariado, muchos de ellos pensionistas para los que el dividendo es el complemento a su pensión. No podemos tampoco obviar que el sector invierte alrededor de 15.000 millones de euros anuales en España, genera un elevado número de empleos altamente cualificados –400.000 personas trabajan en o para el sector– y realiza compras a fabricantes y suministradores que rondan los 40.000 millones al año. Además, no olvidemos su aportación al tejido económico en las zonas en las que está presente, su contribución fiscal y su aportación a la innovación.
Con estos mimbres, hay que hacer un cesto que beneficie a todos: consumidores, promotores y empresas y, por supuesto, que cree empleo, tan necesario en España. El sector energético es clave para remontar la crisis económica: la electricidad resulta imprescindible para propiciar el cambio del modelo energético hacia uno más seguro, sostenible y competitivo.
En la actualidad, tenemos exceso de capacidad instalada, consecuencia de una inadecuada planificación y agravada con la caída de la demanda provocada por la crisis económica. Por eso, debemos preguntarnos: ¿seguimos produciendo e instalando centrales primadas con costes de 300 o más euros por megavatio hora (MWh) cuando nos sobra producción a 50 o 70 euros por MWh? ¿Tiene sentido pagar primas que representan el 20-30 % de la tarifa para que determinadas plantas produzcan cuando sería más barato que no produjeran? ¿Tiene sentido introducir en el mix energético tecnologías inmaduras, como las solares, con costes de primas de 4.000-5.000 millones de euros al año? ¿O es mejor dedicar cantidades mucho menores para que mejore la tecnología y se abarate el producto final?
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En definitiva: ¿qué es lo mejor para todos? Cabría cuestionarse qué prefieren los españoles: pagar 332 euros por energía híbrida solar-gas o pagar 70 por eólica o 121 por fotovoltaica. Ahí está la clave: renovables sí, por supuesto, pero optando por las más eficientes. Esperemos unos años para desarrollar tecnologías que hoy por hoy son inmaduras y están aumentando el agujero del sistema hasta niveles desproporcionados. ¿Por qué crear una nueva burbuja que pagaremos entre todos? Esperando un periodo relativamente corto de tiempo, la tecnología mejorará, se creará una verdadera industria en España, las inversiones requeridas serán menores y el coste para los clientes será asumible.
¿Qué proponemos nosotros? Un modelo energético flexible y equilibrado entre las distintas energías, más barato, más sostenible, con menos emisiones y creador de empleo. Atajar el grave problema del déficit tarifario sin que todo el esfuerzo recaiga en los consumidores a través de subidas de tarifa es posible, no es una utopía. En Iberdrola abogamos por un decálogo de medidas que permitirían este objetivo:
1. Detener la construcción no sostenible de las energías renovables más costosas y, en particular, el de las tecnologías híbridas gas-sol (termosolares), las de mayor coste en la actualidad.
2. Retribuir con criterios no discriminatorios de rentabilidad a todas las actividades con remuneración regulada: redes y todas aquellas actividades que reciben primas.
3. Eliminar de la tarifa eléctrica conceptos que no deben ser soportados por el consumidor y que representan un alto porcentaje de la tarifa.
4. Repartir los costes de las energías renovables entre todos los sectores energéticos.
5. Asignar los ingresos de las subastas de derechos de CO2 a la financiación de las energías renovables, tal y como recomienda la Unión Europea.
6. Unificar las cargas regionales pseudo-ambientales a través del impuesto ya existente de la electricidad.
7. Incrementar moderadamente los peajes de acceso sin que tenga un efecto importante sobre el precio final.
8. Retomar medidas que existían anteriormente y que han desaparecido para incentivar la eficiencia energética.
9. Liberalizar más el mercado (menos tarifas integrales reguladas).
10. Compartir la financiación del déficit mientras exista entre todos los agentes eléctricos y acelerar la titulización del déficit existente.
Hay que saber que sí, que se pueden recortar los costes del sistema, reducir la carga a los ciudadanos y conseguir un modelo más sostenible. Pero, para ello, se debe diseñar una estrategia clara y estable que haga de la política energética una cuestión de estado, sin olvidar todo lo que nos jugamos en esta reforma.
